Caridad García explica la enmienda a la Totalidad presentada por IU, ICV-EUiA, CHA frente a una LOMCE “impuesta a la comunidad educativa” con una intención “segregadora y recentralizadora”

La diputada de IU y portavoz parlamentaria en Educación advierte de que la reforma ideada por Wert “establece obstáculos a lo largo de la formación y su objetivo es que los alumnos sean objeto del mercado y no de derechos sociales”

El Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA ha registrado hoy su enmienda a la totalidad al proyecto de ley para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) para conseguir la retirada de una “norma impuesta a la comunidad educativa” y que contiene una marcada intención “segregadora y recentralizadora”, tal y como se ha encargado de explicar la diputada de IU y portavoz parlamentaria en Educación, Caridad García Álvarez.

En un contacto informativo con los medios de comunicación en el Congreso, acompañada por la diputada de ICV, Laia Ortiz, y del parlamentario de la CHA, Chesús Yuste, García Álvarez advirtió de que la LOMCE “tiene muy poco de lo que su enunciado dice”.

“Tiene poco que ver –detalló la diputada de IU- con los derechos de la ciudadanía a adquirir una formación educativa de futuro y mucho que ver con el desarrollo economicista de la misma. Establece obstáculos a lo largo de la formación y su objetivo es que los alumnos sean objeto del mercado y no de derechos sociales”.

Los tres parlamentario/as que presentaron el texto de la enmienda a la totalidad de IU, ICV-EUiA, CHA coincidieron en señalar que la LOMCE rompe la “cohesión social, es clasista y supone un grave retroceso frente a la actual normativa”.

García Álvarez criticó también las “formas” empleadas por el ministro José Ignacio Wert para su elaboración, “que se ha hecho como una clara imposición a la comunidad educativa, que no ha sido tenida en cuenta de verdad ni en un momento”. De igual forma, denunció que la nueva ley “no contiene un presupuesto económico suficiente, no cuenta con una memoria económica fiable, además de someter al sector público a la presión de la educación privada”.

En el desarrollo del texto de la  enmienda se explica que “atenta contra el principio de igualdad” en el acceso al derecho a la educación, además de suponer un “ataque directo” a la escuela pública, como garante fundamental de este derecho.

“Se trata –añade- de una reforma innecesaria, que manipula las legítimas aspiraciones de mejora del sistema educativo para ponerlas al servicio de una contrarreforma que comporta un retroceso importante en aspectos clave de la educación”.

IU, ICV-EUiA, CHA sostiene en su enmienda que la LOMCE es “intervencionista”, persigue la homogeneización a partir de procesos de “permanente erosión” de las funciones y competencias de las comunidades autónomas y “desconoce el papel” de la descentralización en la gestión educativa en los buenos resultados alcanzados en términos de equidad y eficiencia en otros sistemas educativos de la Unión Europea.

Texto de la enmienda a la Totalidad al Proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE)

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, presenta la siguiente Enmienda a la Totalidad al Proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa.

El Proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa atenta al principio de igualdad en el acceso al  derecho a la educación y es un ataque directo a la escuela pública, como garante fundamental de este derecho.

Se trata de una reforma innecesaria, que manipula las  legítimas aspiraciones de mejora del sistema educativo para ponerlas al servicio de una contrarreforma que comporta un retroceso importante en aspectos clave de la educación.

Es un proyecto impuesto, que ha sido redactado sin dialogo social y de espaldas a la comunidad educativa, sin tener en cuenta ningún análisis objetivo y despreciando a los organismos e instituciones que trabajan en favor de la Educación Pública.

Para elaborarlo no se ha realizado ninguna diagnosis previa, mínimamente rigurosa, de la situación actual del sistema educativo. Desde la llegada del Gobierno del PP, hace poco más de un año, los recortes educativos han ascendido a 5.212 millones de euros, lo que ha supuesto un mayor deterioro de la educación pública, tanto en el desarrollo de las enseñanzas como en las políticas dirigidas a los profesionales de la educación, (merma retributiva, precarización de condiciones laborales del profesorado, cerca de 80.000 docentes menos, más horas de clase y más estudiantes por aula; menos becas y más tasas en etapas no obligatorias y en servicios esenciales, como el comedor o el transporte escolar), con el consiguiente impacto negativo en la  calidad educativa y en la igualdad en el acceso al derecho a la educación .

La inversión pública educativa en España ha descendido en casi 8.000 millones de euros en los últimos años, y para 2015 el gobierno del PP se ha comprometido ante la UE a rebajarla hasta el 3,9% del PIB, lo que supondrá retroceder a los años 80 situándonos a la cola de la UE y de la OCDE.

La LOMCE es ante todo una contrarreforma antipedagógica, que muestra una profunda ignorancia acerca del funcionamiento de los procesos educativos. El Proyecto de Ley desconoce deliberadamente lo que la  investigación científica nos viene enseñando sobre los procesos de evaluación educativa. Se confunde deliberadamente la evaluación de los procesos educativos con la clasificación de los alumnos, en un modelo que sólo nos puede conducir al aumento del abandono y del fracaso escolar. Justo el camino inverso al que necesitamos, un modelo educativo centrado en las necesidades y motivaciones del alumnado para contribuir al éxito escolar de todos y cada uno de los alumnos que tienen necesidades y motivaciones personales distintas.

Es una reforma que no aporta los recursos suficientes para mejorar el sistema educativo, que carece de una memoria económica creíble y en medio de brutales recortes que degradan la calidad educativa y atentan contra la equidad en el acceso al derecho a la educación.

Todo esto se ha puesto de manifiesto en el preceptivo Dictamen del propio Consejo de Estado, que ha señalado graves insuficiencias en aspectos centrales del proyecto de ley, empezando por cuestionar la necesidad de la misma para alcanzar los objetivos que supuestamente persigue, así como el escaso esfuerzo ministerial (por no decir nulo), a la hora de alcanzar un mínimo nivel de acuerdo con personas expertas y organizaciones representativas de la sociedad y la comunidad educativa.

El Proyecto de Ley concibe la educación no como un Derecho, sino como un factor productivo al servicio de un modelo económico que otorga a los mercados una función reguladora de las relaciones sociales que sólo corresponde a las instituciones democráticas. Y con esta concepción se supedita la educación a los intereses economicistas, anteponiendo las exigencias de los poderes económicos a la formación integral, mediante la supresión de materias y contenidos considerados poco “útiles” para la “empleabilidad”.

Así mismo, es una reforma que confunde deliberadamente las funciones que solo corresponden a los sectores públicos, al otorgar a los “agentes privados” funciones “de facto” reguladoras del Sistema Educativo. Además de promover la creación de centros privados con recursos públicos, y  extender y fomentar los conciertos con entidades privadas (habitualmente confesionales). Fomenta además la competitividad entre los centros, en lugar de la cooperación, mediante formas de “especialización” para poder seleccionar a su alumnado, y estableciendo clasificaciones según resultados, que servirán además para obtener mayor financiación a los centros mejor situados en el ranking y no a los que más lo necesiten. Este modelo de “competitividad” propicia la selección adversa del alumnado y convierte al sistema educativo en un instrumento de reproducción e incremento de las desigualdades, en lugar de ser como debiera la principal política de reducción de la desigualdad social y personal.

Es una contrarreforma segregadora, sexista y adoctrinadora que restaura viejos itinerarios selectivos desde temprana edad, devalúa la Formación Profesional y convierte la educación en una carrera de obstáculos con continuas reválidas excluyentes. Potencia además la enseñanza de la religión e impone una alternativa “dura y evaluable” al gusto de la jerarquía católica, permitiendo así mismo la enseñanza separada por sexos asegurando financiación pública a los centros ultraconservadores que la practican. Y lo que es más grave, asegurando que la educación separada por sexos no comporta discriminación, lo que podría ser la puerta de entrada a otras formas de segregación.
La LOMCE es una reforma intervencionista y recentralizadora, que persigue la homogeneización a partir de procesos de permanente erosión de las funciones y competencias de las Comunidades Autónomas y que desconoce el papel de la descentralización en la gestión educativa en los buenos resultados alcanzados en términos de equidad y eficiencia en otros sistemas educativos de la Unión Europea.
En este terreno del adoctrinamiento y la homogeneización del alumnado supone un ataque sin precedentes al sistema de inmersión lingüística, que ha contado históricamente con un amplísimo consenso social y político y que ha supuesto un factor imprescindible para la integración y la cohesión social en Cataluña.

La LOMCE niega la diversidad lingüística de las CCAA con lengua propia y supone un ataque al modelo de inmersión lingüística, que garantiza el conocimiento del catalán y el castellano al finalizar la formación obligatoria y que ha sido fundamental para la cohesión social y la convivencia lingüística en Cataluña. Un modelo que ha contado históricamente con un amplísimo consenso social y político.

Por otro lado, el carácter recentralizador, segregador y elitista de la contrarreforma que plantea el Gobierno del PP también supone una amenaza para el conjunto del sistema educativo catalán. Un sistema que se fundamenta, entre otros principios, en la universalidad y la equidad, como garantía de la igualdad de oportunidades, y en la inclusión escolar y la calidad de la enseñanza, de acuerdo con lo establecido en el Estatut d’Autonomia de Catalunya y en la Llei d’Educació de Catalunya.

La LOMCE apuesta por un sistema educativo sin democracia y sin participación de la Comunidad Educativa en la vida de los centros educativos. Este aspecto de la Ley es claramente contrario al contenido y espíritu proclamado en el artículo 27 de la Constitución Española. El ataque a la  democracia y la participación en la gestión de los centros, disfrazado de lo que el PP denomina “autonomía del centro” rompe con la tradición participativa de la escuela pública y abre las puertas a una gestión jerárquica, al estilo del que se ha impuesto en buen número de escuelas privadas concertadas.

El Consejo Escolar pasa a ser un órgano meramente consultivo e informativo y, por el contrario, las funciones de decisión pasan a la competencia exclusiva del director o directora del centro (designado directamente por la Administración y no mediante una elección democrática de la comunidad educativa). El equipo de los centros pasa a ser una gerencia profesionalizada restringiendo, por tanto, el acceso a tareas de dirección. El equipo directivo avanza hacia un modelo jerárquico y unipersonal dónde pierden peso las direcciones colegiadas.

Relega a los gobiernos locales porque los ayuntamientos dejan de ser interlocutores en la programación de la oferta educativa y elimina su representación en los consejos escolares de las concertadas. Hecho que se refuerza con la reducción de competencias municipales prevista en la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local.

El Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural considera que las medidas necesarias para mejorar nuestro sistema educativo tienen que encaminarse en la dirección de ofrecer una educación de calidad para toda la población escolar, tanto para el alumnado con mayor capacidad y motivación para aprender, como sobre todo para quienes tienen mayores dificultades de aprendizaje y necesitan por tanto más apoyo educativo. Un sistema educativo de calidad debe asumir el compromiso de elevar el nivel de formación de todo el alumnado, sea cual sea su origen social o procedencia y su situación personal y familiar de partida, sin segregar ni limitar sus posibilidades futuras. Más y mejor educación para todos: éste es el camino a seguir.

Para ello, se precisa ante todo una potente EDUCACIÓN PÚBLICA, de titularidad y gestión pública, que garantice el derecho universal a la educación en condiciones de igualdad y contribuya al éxito escolar de todo el alumnado.

Una educación LAICA que respete la libertad de conciencia y elimine del currículo escolar toda forma de adoctrinamiento. Ello exige derogar los acuerdos con la Santa Sede y otras religiones, excluir la educación religiosa del horario lectivo y suprimir la simbología religiosa de los centros escolares. Una educación PERSONALIZADA, INTEGRAL E INCLUSIVA, que reduzca el número de estudiantes por grupo y potencie la tutoría y la orientación educativa, con un currículo y una organización pensados para atender mejor a la diversidad del alumnado y formar ciudadanos críticos y capacitados para cooperar en la construcción de un mundo mejor y más justo. Una EDUCACIÓN EN IGUALDAD que fomente la coeducación y no segregue por razón de sexo o de orientación sexual, ni por ninguna otra característica de índole personal o cultural. Una educación DEMOCRÁTICA que favorezca y potencie la participación real de toda la comunidad educativa en la gestión y funcionamiento de los centros y de los distritos escolares. Una educación que MOTIVE AL PROFESORADO, reconociendo y confiando en su labor, acordando sus condiciones de trabajo y mejorando su formación inicial y permanente. Una educación con FINANCIACIÓN pública suficiente, garantizada por Ley, que se blinde frente a recortes, que alcance la media europea en PIB y asegure un sistema integral de becas, así como la gratuidad de materiales didácticos, comedor y transporte escolar en la enseñanza obligatoria.

Por ello unimos nuestra voz a la gran mayoría de la comunidad educativa para EXIGIR la RETIRADA del proyecto de LOMCE, que se promueva un amplio DEBATE PÚBLICO, con participación de expertos y de todos los sectores del ámbito escolar, para alcanzar un DIAGNÓSTICO COMPARTIDO sobre las causas de los principales problemas de nuestro sistema educativo y plantear MEDIDAS CONCRETAS con RECURSOS SUFICIENTES que sirvan para extender y mejorar nuestra EDUCACIÓN PÚBLICA.

Por todos estos poderosos motivos presentamos esta ENMIENDA A LA TOTALIDAD al proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). Y por ello reclamamos al Gobierno de España la retirada inmediata de este proyecto de ley.

Fuente: Izquierda Unida

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Publicado el 8 julio, 2013 en Área de Educación, Caridad García, Izquierda Unida, LOMCE, Tramitación y etiquetado en , , . Guarda el enlace permanente. Deja un comentario.

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